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Daños y Perjuicios en el Divorcio - Abogados en Mar del Plata

Corresponde revocar la sentencia que hizo lugar parcialmente a la demanda hecha por una mujer contra su ex marido en concepto de daños por injurias vertidas en juicio en razón de haberle dicho alcohólica y drogadicta, en el marco del proceso que inició el demandado reclamando la tenencia de la hija menor de ambos, en tanto que si la accionante relativiza que se atribuya o le atribuyan la condición de alcohólica y drogadicta en un sitio de internet, no puede causarle daño que el progenitor -ex esposo- haga lo mismo en un escrito que integra un proceso judicial de familia.

Para que las expresiones utilizadas por una de las partes revistan el carácter de injurias inferidas en juicio, se exige que sean graves, que excedan los límites de la defensa, y que se expongan con mala fe y ánimo difamatorio, ya que la naturaleza de los hechos que ordinariamente se debaten en estos procesos, o las imputaciones desagradables que se efectúan, son parte necesaria e inevitable en el pleito y, consecuentemente toda afirmación lesiva o expresión de hechos menoscabantes, no se convierten automáticamente en injuria, pues una interpretación tan estricta impediría a las partes la libre defensa de sus derechos.

Las expresiones que se vuelcan en un proceso como argumento para convencer de la razón de la pretensión de que se trate no son en principio una afirmación inconsulta o efectuada sin razón, ya que están dirigidas al logro de una decisión judicial, máxime cuando se trata de un juicio en el que la materia que se conoce hace a conflictos de índole personal y los sentimientos, opiniones y relatos se encuentran afectados por emociones negativas respecto del contrario.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Sala I
Buenos Aires, 15 de Agosto de 2017.-

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? 

Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: Dras. UBIEDO, GUISADO y CASTRO. 

Sobre la cuestión propuesta la DRA. UBIEDO dijo:

I. La sentencia de fs. 108/20114 hizo lugar parcialmente a la demanda de A. G. contra D. M. R. en virtud de la cual aquella reclama el resarcimiento de los daños causados por injurias vertidas en juicio. La decisión fijó en $ 10.000 el importe indemnizatorio, con más sus intereses y las costas del proceso. 

Apelaron ambas partes, expresando agravios el demandado a fs. 130/20131, los cuales recibieron respuesta a fs.138/20139. El memorial de la demandante luce a fs.133/20134 y no fue replicado. 

II. El conflicto de autos se generó en razón de que el demandado imputara a la actora el ser alcohólica y drogadicta en el marco del proceso que iniciara reclamando la tenencia de la hija menor de ambos, quien contaba para ese entonces con 13 años de edad (v. escrito de demanda a fs. 26/27 in re “R., D. M. c/G. A. s/tenencia de hijos”). 

La progenitora reclamó por el concepto de “daños por injurias vertidas en juicio” un importe de $ 50.000 comprensivo de daños moral y psicológico. Al contestar el traslado conferido el accionado negó haber denunciado a la actora como drogadicta y alcohólica en forma despectiva, denigrante y con el afán de desprestigiarla ante terceros planteando la excepción de litispendencia por estar en trámite el proceso de tenencia en el que acordaran una “consulta psicológica familiar”. Asimismo negó la existencia de daños y la configuración del ilícito de injurias, sin aportar mayores consideraciones ni prueba al respecto. 

El planteo de litispendencia no obtuvo resultado favorable declarándose desierto el recurso de apelación que dedujera el excepcionante. Producidas una serie de medidas probatorias que accedieran al proceso, a instancia de la actora se arriba a la decisión recurrida, en virtud de la cual la Sra. Magistrada de grado concluyó que se había configurado la injuria y que ello afectaba la moral de la demandante y la descalificaban como persona, haciendo además hincapié en la falta de acreditación de los supuestos vicios imputados a la damnificada. En definitiva fijó el resarcimiento en $ 10.000 en concepto de daño moral. 

La actora se agravió argumentando que el monto de la condena dispuesto en la sentencia de grado no cubre la reparación del perjuicio, que debe ser plena. 

Por su parte el accionado se queja del decisorio y sostiene que sus dichos no han producido daño alguno en la accionante, por lo que no se le puede endilgar responsabilidad civil. Argumenta que del informe pericial presentado en autos se desprende que aquélla no presenta daño psicológico derivado de las expresiones que le imputa como injuriosas.

III. Ante todo cabe destacar que por imperio del art. 7 del Cód. Civ. y Comercial de la Nación (ley 26944) la normativa aplicable resulta ser la vigente al tiempo de la ocurrencia del hecho dado que es en esa ocasión en la que se reúnen los presupuestos de la responsabilidad civil, discutidos en esta instancia (conf. Aída Kemelmajer de Carlucci “La Aplicación del Cód. Civ. y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, ed. Rubinzal Culzoni, doctrina y jurisprudencia allí citada), lo que excluye claramente la aplicación del nuevo Código. En consecuencia el marco legal del caso será el que surge del Cód. Civ. ( Ley Nº 340).

Razones de orden metodológico imponen comenzar con el estudio de aquéllas críticas formuladas por el accionado que se vinculan con la decisión de la Juez “a quo” de haberle atribuido responsabilidad por su proceder en el juicio sobre tenencia de hijos.

Se ha dicho “que para que las expresiones utilizadas por una de las partes revistan el carácter de injurias inferidas en juicio, se exige que sean graves, que excedan los límites de la defensa y que se expongan con mala fe y ánimo difamatorio, ya que la naturaleza de los hechos que ordinariamente se debaten en estos procesos, o las imputaciones desagradables que se efectúan, son parte necesaria e inevitable en el pleito y, consecuentemente toda afirmación lesiva o expresión de hechos menoscabantes, no se convierten automáticamente en injuria, pues una interpretación tan estricta impediría a las partes la libre defensa de sus derechos” (CNCivil. Sala C, R. N°: 35255).

Desde esta perspectiva, comparto el criterio de que las expresiones que se vuelcan en un proceso como argumento para convencer de la razón de la pretensión de que se trate no son “en principio“ una afirmación inconsulta o efectuada sin razón, ya que están dirigidas al logro de una decisión judicial, máxime cuando se trata de un juicio en el que la materia que se conoce hace a conflictos de índole personal y los sentimientos, opiniones y relatos se encuentran afectados por emociones negativas respecto del contrario. 

Es así que el análisis de su condición de injuriosas debe ser llevado a cabo con criterio restrictivo, considerando las circunstancias del caso y el tenor de lo dicho a fin de evitar que su emisor ejerza abusivamente de su derecho de defensa (conf. Sala A, recurso A134129 de la base de datos de esta Cámara, in re “Pirsic Mario c/Martinez de fecha 4/195/1988, id. Sala C in re “B., L.E. c/W., R.M. s/divorcio del 10/2012/2002 entre otros). 

Ahora bien, en manera alguna puede este criterio ser esgrimido como justificativo para actuar con malicia y mala fe, relatando hechos, denunciando circunstancias o emitiendo calificativos que no se compadecen con la realidad y distorsionan el ejercicio del derecho de defensa consagrado por el art. 18 de la Constitución Nacional al constituirse en dichos demostrativos del claro propósito de la parte imputante de injuriar o difamar al otro cónyuge (conf. Sala H. In re M. A.N.c/ T, C.A. s/divorcio 10/2011/2009, sumario 0020491 de la base de datos del Fuero).

Sentadas estas premisas, mas allá de la total ausencia de prueba en punto a si realmente la progenitora vive total o parcialmente bajo los efectos del alcohol o las drogas conduciría a entender configurado el ilícito imputado, unido al marco en que tales adicciones han sido expresadas pueden llevar a la conclusión de que bien pudo el excónyuge y progenitor tener por ciertos tales vicios, dado que la propia accionante ha hecho referencia a ello en el sitio de Internet donde se volcaran mails en que se hicieran referencia a su perfil y conducta de “drogada y alcoholizada”.

No obstante ello, visto que los agravios del recurrente apuntan exclusivamente a la ausencia de daños, he de analizar el caso atendiendo a su queja en atención a lo expresamente sentado por el art. 271 último párrafo del ordenamiento de rito. 

IV) El caso se encuentra configurado en el marco de circunstancias que me llevan a la conclusión de que las manifestaciones se volcaron en un contexto en que la actora no puede sostener válidamente que tales dichos le han provocado daños, ni puede afirmarse que -de existir- encuentren su causa en las expresiones volcadas en el escrito judicial que generara el entuerto. 

No se encuentra acreditado en esta causa ni en el proceso sobre tenencia de la menor que -efectivamente- la pretensa damnificada resultara ser persona afecta al alcohol y a la droga, mas tampoco ha acreditado aquélla -con miras a aportar elementos que coadyuvaran al resultado pretendido (art. 377 del CPCC, unido a la aplicación del principio de las pruebas dinámicas v. expts. n° 44.892/2007 del 11/2012/2015 y 104.432/2004 del 11/196/2015, entre otros). 

Sin embargo tales calificativos emanaron de la propia actora y de quienes resultaran emisores del intercambio de mails acompañados en el escrito presentado por el progenitor al iniciar el proceso de tenencia de la hija de las partes (v. fs. 3/24 del juicio de tenencia que en este acto tengo a la vista). 

En efecto, no ha desconocido la reclamante el intercambio en cuestión del que también resultaría partícipe. Por el contrario ha restado todo valor a los dichos volcados en los correos electrónicos, sosteniendo que se trata de conversaciones entre amigos, ajenas a su realidad cotidiana y que protagoniza un personaje de ficción que a veces compone (v. escrito “Contesta traslado. Solicita rechazo medida cautelar requerida por la actora” agregado a fs. 39/1943 en el proceso sobre tenencia de hijo). 

Visto que convalidara que esos calificativos fueron volcados en redes sociales de las que participa, y analizando ligeramente sus consecuencias no obstante generarse en un espacio que no puede ser considerado estrictamente “privado y sin trascendencia alguna”, como dijera, mal puedo arribar a la convicción de que los dichos del demandado -volcados en el marco de un proceso de familia y con el encono que las presentaciones de ambas partes trasuntan- hayan provocado los daños denunciados. 

Por lo demás hace referencia la actora a que la niña habrá de tener acceso a tales dichos, mas advierto -por constar su nombre y apellido- que la menor también sería partícipe en dicho intercambio, a pesar de su escasa edad para realizar una adecuada evaluación del tenor y sus contenidos. 

Finalmente se recuerda a la pretensa damnificada que los procesos de familia carecen de acceso a quienes no sean las partes o sus abogados y si -eventualmente- se diera a publicidad el fallo recaído por razones de interés académico, deberán omitirse los nombres de los partícipes del juicio (conf. art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional y art. 164 del CPCCN,). Ello mengua en gran medida la afirmación “del desprestigio causado” según argumentara, visto que las expresiones no han de trascender el ámbito del pleito.

En suma, si la accionante relativiza que se atribuya o le atribuyan la condición de alcohólica y drogadicta en un sitio de Internet, mal puede causarle daño que el progenitor -ex esposo- haga lo mismo en un escrito que integra un proceso judicial de familia, salvo en lo que al resultado de éste se refiere, para lo cual hubiera sido necesario que el denunciante acreditara lo allí volcado, lo que no se ha dado. 

Por lo expuesto, considero que la conducta del demandado no pudo en el caso generar los daños que se dicen experimentados, imponiéndose a mi juicio el rechazo de la demanda con costas a la actora en ambas instancias, lo que así propicio. 

Por razones análogas, las Dras. GUISADO y CASTRO adhieren al voto que antecede.

Se hace constar que a la Dra. UBIEDO se le ha concedido licencia los días 29, 30 y 31 de mayo y del 5 al 16 de junio del corriente año en concepto de compensación de feria por enfermedad 

(arts. 14 y 23 del Régimen de Licencias y Res. Nº 2569/2016 y 8/2017). 

Asimismo también los días 23 de mayo, 1 y 20 de junio de este año, por motivos particulares (art. 34 del Régimen de Licencias y Res. Nº 673/2017). 

Con lo que terminó el acto. 

Se hace constar asimismo que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2 párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Información Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/2013 y 24/2013 de la C.S.J.N.

MARÍA LAURA RAGONI SECRETARIA

Buenos Aires, 15 de agosto de 2017. Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve: revocar la sentencia apelada y en consecuencia rechazar la demanda interpuesta. Las costas de ambas instancias se imponen a la actora vencida. En atención a lo precedentemente decidido y de conformidad con lo dispuesto por el art.279 del Código Procesal, déjanse sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia dictada -en la instancia de grado- a fs.108/20114. 

En consecuencia, atento lo que surge de las constancias de autos, la labor profesional apreciada en su calidad, eficacia y extensión, la naturaleza del asunto, el monto reclamado, el resultado obtenido, las etapas cumplidas y las demás pautas establecidas en los arts.1, 6, 7, 33, 37, 38 y concordantes de la Ley Nº 21.839 modificada por la Ley Nº 24.432, regúlanse los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora Dr. Nicolás Rubén Kitainik por la cuestión principal que se decidió, la suma de tres mil ochocientos pesos ($3.800) y por el incidente resuelto a fs.57, regúlase al mismo la suma de trescientos pesos ($300). 

Asimismo, regúlanse los honorarios de la letrada patrocinante de la parte demandada Dra. Mónica del Carmen Taglioretti en la suma de cinco mil quinientos pesos ($5.500) -por lo principal-, y la suma de doscientos pesos ($200) por el incidente decidido a fs.57. 

Considerando los trabajos efectuados por la experta, el art.478 del Código Procesal y la ley de arancel para abogados de aplicación supletoria en lo pertinente, regúlanse los honorarios del perito médico psiquiatra Silvia Liliana Trotta en la suma de un mil quinientos pesos ($1.500). 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto Nº 2536/2015 y lo dispuesto en el punto d), del art.2) del anexo III) del Decreto Nº 1467/2011, fíjanse los honorarios a la mediadora Dra. Cristina Liliana Garmendia en la suma de tres mil ochocientos cuarenta pesos ($3.840). 

Por la actuación en la alzada, atento el interés debatido en la presente y las pautas del art. 14 de la Ley Nº 21839, regúlanse los honorarios del Dr. Nicolás Rubén Kitainik en la suma de un mil pesos ($1.000) y los de la Dra. Mónica del Carmen Taglioretti en la suma de un mil trescientos setenta y cinco pesos ($1.375). 

Regístrese y notifíquese. 

Paola M. Guisado - Patricia E. Castro – Carmen N. Ubiedo



Cámara Apel. Cont. Adm. Trib. CABA - Sala I / Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Otros c/GCBA y Otros s/Amparo - Otros (24/08/2017)

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